Las fuerzas armadas están hoy tratando de definir su nuevo rol. Esta situación comenzó luego de las iniciativas de desarme proporcional y progresivo emprendidas por la Unión Soviética a fines de la década del ‘80. La disminución de la tensión que existió entre las superpotencias provocó un giro en el concepto de defensa en los países más importantes. Sin embargo, la sustitución gradual de los bloques político-militares (particularmente del Pacto de Varsovia), por un sistema de relaciones relativamente cooperativas ha activado fuerzas centrífugas que arrastran a nuevos choques en distintos puntos del planeta. Ciertamente, en pleno período de la Guerra Fría los conflictos en áreas restringidas eran frecuentes y a menudo prolongados, pero el carácter actual de éstos ha cambiado de signo amenazando con extenderse en los Balcanes, en el mundo musulmán y en varias zonas de Asia y Africa.
El reclamo limítrofe que antaño preocupaba a fuerzas armadas contiguas hoy toma otra dirección dada la tendencia a la secesión en el interior de algunos países. Las disparidades económicas, étnicas y lingüísticas, tienden a modificar fronteras que se suponían inalterables al tiempo que ocurren migraciones en gran escala. Se trata de grupos humanos que se movilizan para huir de situaciones desesperadas o para contener o expulsar de áreas definidas a otros grupos humanos. Estos y otros fenómenos muestran cambios profundos particularmente en la estructura y en la concepción del Estado. Por una parte, asistimos a un proceso de regionalización económica y política; por otra, observamos la discordia creciente en el interior de países que marchan hacia esa regionalización. Es como si el Estado nacional, diseñado hace doscientos años, no aguantara ya los golpes que le propinan por arriba las fuerzas multinacionales y por abajo las fuerzas de la secesión. Cada vez más dependiente, cada vez más atado a la economía regional y cada vez más comprometido en la guerra comercial contra otras regiones, el Estado sufre una crisis sin precedentes en el control de la situación. Sus cartas fundamentales son modificadas para dar lugar al desplazamiento de capitales y recursos financieros, sus códigos y leyes civiles y comerciales quedan obsoletos. Hasta la tipificación penal varía cuando hoy puede ser secuestrado un ciudadano cuyo delito será juzgado en otro país, por magistrados de otra nacionalidad y sobre la base de leyes extranjeras. Así, el viejo concepto de soberanía nacional queda sensiblemente disminuido. Todo el aparato jurídico-político del Estado, sus instituciones y el personal afectado a su servicio inmediato o mediato, sufren los efectos de esa crisis general. Esa es también la situación por la que atraviesan las fuerzas armadas a las que en su momento se les dio el rol de sostenedoras de la soberanía y de la seguridad general. Privatizada la educación, la salud, las comunicaciones, las reservas naturales y hasta importantes áreas de la seguridad ciudadana; privatizados los bienes y servicios, disminuye la importancia del Estado tradicional. Es coherente pensar que si la administración y los recursos de un país salen del área de control público, la Justicia seguirá el mismo proceso y se asignará a las fuerzas armadas el rol de milicia privada destinada a la defensa de intereses económicos vernáculos o multinacionales. Tales tendencias se han ido acrecentando últimamente en el interior de los países.