Moscú, 24 de Mayo de 1993
La necesidad de una posición humanista en la Fuerzas Armadas contemporáneas
Ponencia leída en representación de Silo por Antonio Carvallo, Secretario General de la Internacional Humanista, en la Conferencia Mundial sobre Fuerzas Armadas organizada por la corporación «Ejercito y Sociedad». Realizada en Moscú durante los días 24, 25 y 26 de Mayo de 1993, con la participación de representantes de FFAA de casi todos los países europeos y de países del Asia.
Las Fuerzas Armadas están hoy tratando de definir su nuevo rol. Esta situación comenzó luego de las iniciativas de desarme proporcional y progresivo emprendidas por la Unión Soviética a fines de la década del ´80. La disminución de la tensión que existió entre las superpotencias provocó un giro en el concepto de defensa en los países mas importantes. Sin embargo, la sustitución gradual de los bloques políticos-militares por un sistema de relaciones relativamente cooperativas ha activado fuerzas centrífugas que arrastran a nuevos choques en distintos puntos del planeta. Ciertamente, en pleno período de la Guerra Fría los conflictos en áreas restringidas eran frecuentes y a menudo prolongados, pero el carácter actual de éstos ha cambiado de signo amenazando con extenderse en los Balcanes, en el mundo musulmán y en varias zonas de Asia y Africa.
El reclamo limítrofe que antaño preocupaba a fuerzas armadas contiguas hoy toma otra dirección dada la tendencia a la secesión en el interior de algunos países. Las disparidades económicas, étnicas y lingüísticas, tienden a modificar fronteras que se suponían inalterables, al tiempo que ocurren migraciones en gran escala. Se trata de grupos humanos que se movilizan para huir de situaciones desesperadas, o para contener o expulsar de áreas definidas a otros grupos humanos.
Esto y otros fenómenos muestran cambios profundos, particularmente en la estructura y en la concepción del Estado. Por una parte, asistimos a un proceso de regionalización económica y política; por otra, observamos la discordia creciente en el interior de países que marchan hacia esa regionalización. Es como si el Estado Nacional, diseñado hace trescientos años, no aguantará ya los golpes que le propinan por arriba las fuerzas multinacionales y por abajo las fuerzas de la secesión. Cada vez más dependiente, cada vez más atado a la economía regional y cada vez más comprometido en la guerra comercial contra otras regiones, el Estado sufre una crisis sin precedentes en el control de la situación. Sus cartas fundamentales son modificadas para dar lugar al desplazamiento de capitales y recursos financieros; sus códigos y leyes civiles y comerciales quedan obsoletos. Hasta la tipificación penal varía cuando hoy puede se secuestrado un ciudadano cuyo delito será juzgado en otro país, por magistrados de otra nacionalidad y en base a leyes extranjeras. Así, el viejo concepto de soberanía nacional queda sensiblemente disminuido. Todo el aparato jurídico-político del Estado, sus instituciones y el personal afectado a su servicio inmediato o mediato, sufren los efectos de esa crisis general. Esa es también la situación por la que atraviesan también las Fuerzas Armadas a las que en su momento se les dio el rol de sostenedoras de la soberanía y de la seguridad general. Privatizada la educación, la salud, las comunicaciones, las reservas naturales y hasta importantes áreas de la seguridad ciudadana; privatizados los bienes y servicios, disminuye la importancia del Estado tradicional. Es coherente pensar que si la administración y los recursos de un país salen del área de control público, la Justicia seguirá el mismo proceso y se asignará a la Fuerzas Armadas el rol de milicia privada destinado a la defensa de intereses económicos vernáculos o multinacionales. Tales tendencias se han acrecentado, en el interior de los países, hasta el día de hoy.
Pero externamente, aún no ha desaparecido la agresividad de potencias que, en su momento, dieron por concluida la Guerra Fría. Aún actualmente, existen violaciones de espacios aéreos y marítimos; aproximaciones imprudentes a territorios lejanos; incursiones e instalación de bases; afianzamiento de pactos militares; guerras y ocupación de territorios extranjeros por el control de las vías de navegación o la posesión de fuentes de recursos naturales. Los antecedentes sentados por las guerras de Corea, Vietnam, Laos y Camboya; por las crisis de Suez, Berlín y Cuba; por las incursiones en Grenada, Trípoli y Panamá, han mostrado al mundo la desproporción de la acción bélica tantas veces aplicada sobre países indefensos y pesan a la hora de hablar de desarme. Estos hechos adquieren singular gravedad porque en casos como el de la Guerra del Golfo se realizan en los flancos de países de gran importancia que podrían interpretar a tales maniobras como lesivas para su seguridad. Tales excesos están logrando efectos residuales nocivos al fortalecer el frente interno de sectores que juzgan a sus gobiernos como incompetentes para frenar esos avances. Esto, desde luego, puede llegar a comprometer el clima de paz internacional tan necesario en el momento actual.
Y, en lo que hace a la seguridad interior es necesario citar dos posibles problemas que parecen perfilarse en el horizonte de los acontecimientos inmediatos: las explosiones sociales y el terrorismo.
Si es que la desocupación y la recesión tienden a crecer en los países industrializados, es posible que estos sean escenarios de convulsiones o desbordes invirtiéndose, en alguna medida, el cuadro que se presentaba en décadas anteriores en las que el conflicto se desarrollaba en las periferias de un centro que seguía creciendo sin sobresalto. Desde luego, tales desequilibrios terminarían afectando a otros puntos dada la interrelación de las economías actuales. Por último, el fenómeno del terrorismo se avizora como peligro de proporciones dado el poder de fuego con que hoy pueden contar individuos y grupos relativamente especializados. Esta amenaza que llegaría a expresarse por medio del artefacto nuclear, o de explosivos deflagrantes y moleculares de alto poder, toca también a otras áreas como la de las armas químicas y bacteriológicas de reducido costo y fácil producción.
Son pues muchas y numerosas las preocupaciones de las Fuerzas Armadas, dado el panorama inestable del mundo de hoy. Por otra parte, y además de los problemas estratégicos y políticos que éstas deben considerar, están los temas internos de reestructuración, de licenciamiento de importantes contingentes de tropas, del modo de reclutamiento y capacitación, de renovación de material, de modernización tecnológica y, primariamente, de recursos económicos.
Pero si bien deben comprenderse a fondo los problemas de contexto hemos mencionado, se ha de agregar que ninguno de ellos podrá ser resuelto cabalmente si no queda en claro con que función primaria deben cumplir los ejércitos. Después de todo, es el poder político el que da su orientación a las Fuerzas Armadas y son éstas las que actúan en base a esa orientación.
En la concepción tradicional se ha dado a las Fuerzas Armadas la función de resguardar la soberanía y seguridad de los países, disponiendo del uso de la fuerza de acuerdo al mandato de los poderes constituidos. De este modo, el monopolio de la violencia que corresponde al Estado, se transfiere a los cuerpos militares. Pero he aquí un primer punto de discusión respecto a qué debe entenderse por «soberanía» y qué por «seguridad». Si éstas, o más modernamente el «progreso» de un país, requieren fuentes de aprovisionamiento aún lejanas a su emplazamiento; navegabilidad marítima indiscutible para proteger el desplazamiento de mercaderías; control de puntos estratégicos con el mismo fin y ocupación de territorios ajenos, estamos ante la teoría y la práctica colonial. En el colonialismo la función de los ejércitos consiste en abrir paso primeramente a los intereses de las coronas de la época y luego a las compañías privadas que logran especiales concesiones del poder político a cambio de réditos adecuados. La ilegalidad de este sistema es justificada frente a la supuesta barbarie de los pueblos ocupados incapaces de darse una administración adecuada. La ideología correspondiente a esta etapa consagra al colonialismo como el sistema civilizador por excelencia.
En épocas del imperialismo napoleónico la función del ejercito, que por otra parte ocupa el poder político, consiste en expandir fronteras con el objetivo declamado de redimir a los pueblos oprimidos por las tiranías, merced a la acción bélica y la instauración de un sistema administrativo y jurídico, que consagra en sus códigos a la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. La ideología correspondiente justifica la expansión imperial en base al criterio de «necesidad» de un poder constituido por la revolución democrática frente a monarquías ilegales basadas en la desigualdad que, además, hacen frente común para asfixiar a la Revolución.
Mas recientemente, y siguiendo las enseñanzas de Clausewitz, se ha entendido a la guerra como simple continuación de la política y al Estado, promotor de esa política, se lo ha considerado como el aparato de gobierno de una sociedad radicada en ciertos límites geográficos. Desde allí se ha llegado a definiciones, caras a los geopolíticos, en las que las fronteras aparecen como «la piel del Estado». En tal concepción organológica, esta «piel» se contrae o se expande de acuerdo al tono vital de los países y así debe ampliarse con el desarrollo de una comunidad que reclama «espacio vital», dada su concentración demográfica o económica. Desde esta perspectiva, la función del ejército es la de ganar espacio conforme lo reclama esa política de seguridad y soberanía que es primaria respecto de las necesidades de otros países limítrofes. Aquí la ideología dominante proclama la desigualdad en las necesidades que experimentan las colectividades de acuerdo a sus características vitales. Esta visión zoológica de la lucha por la supervivencia del mas apto, rememora las concepciones del darwinismo trasladadas ilegítimamente a la práctica política y militar.
Contemporáneamente flota en el aire mucho de las tres concepciones que hemos usado para ejemplificar cómo los ejércitos responden al poder político y se encuadran según los dictámenes que, ocasionalmente, este entiende por seguridad y soberanía. De manera que si la función del ejercito es la servir al Estado en lo que hace a seguridad y soberanía, y la concepción sobre estos dos puntos varía de gobierno en gobierno, de todas maneras la Fuerza Armada tendrá que atenerse a ello. ¿Admite esto algún límite o excepción? Desde nuestro punto de vista existen dos excepciones: 1.- Aquella en la que el poder político se ha constituido ilegítimamente y se han agotado los recursos civiles para cambiar esa situación de anormalidad y 2.- Aquella en la que el poder político se ha constituido legalmente pero en su ejercicio se convierte en ilegal, habiéndose agotado los recursos civiles para cambiar la situación anormal. En ambos casos, las Fuerzas Armadas tienen el deber de restablecer la legalidad interrumpida, lo que equivale a continuar los actos que por vía civil no han podido concluirse. En estas situaciones, el ejercito se debe a la legalidad y no al poder vigente. No se trata entonces, de un acto deliverativo del ejercito sino de la previa interrupción de la legalidad realizada por un poder vigente de origen delictual o que se ha convertido en delictual. La pregunta que debe hacerse entonces es: ¿de dónde proviene la legalidad y cuales son sus características?
Respondemos que la legalidad proviene del pueblo que es quien se ha dado un tipo de Estado y un tipo de leyes fundamentales a las que deben someterse los ciudadanos. Si el pueblo, por otra parte, decide modificar ese tipo de Estado y ese tipo de leyes, a él incumbe hacerlo y no puede existir una estructura estatal y un sistema legal por encima de la soberanía popular. Si fuera el caso que se obstruyera este principio se estaría rompiendo el origen mismo de donde brota toda legalidad y, desde luego, asistiríamos al hecho revolucionario en que el pueblo decide cambiar las estructuras establecidas. En ese caso, y habiéndose agotado todos los recursos civiles, es obligación del ejercito cumplir con esa voluntad de cambio desplazando a una facción instalada, ya ilegalmente, en el manejo de la cosa pública. Se arribaría, de este modo, a un nuevo sistema que pondría en marcha a un nuevo tipo de Estado y a un nuevo régimen jurídico. Todo lo anterior hace a las diferencias fundamentales entre la revolución y el simple golpe palaciego.
Ha de destacarse que los cuerpos militares están formados por ciudadanos responsables de sus obligaciones con respecto a la legalidad del poder establecido. Y, si el poder establecido, funciona en base a una democracia real en la que se respeta la voluntad mayoritaria por elección y renovación de los representantes populares; se respeta a las minorías en los términos consagrados por las leyes y se respeta la separación e independencia de poderes, entonces no es la Fuerza Armada quien tiene que deliberar acerca de los aciertos o errores de ese poder establecido. Del mismo modo que en la situación de un gobierno ilegal, no puede la Fuerza Armada sostenerlo mecánicamente invocando una «obediencia debida» a ese poder. Aún llegando al conflicto internacional, no puede la Fuerza Armada practicar el genocidio siguiendo instrucciones de un poder afiebrado por la anormalidad de la situación. Porque si los Derechos Humanos no están por encima de cualquier otro Derecho, no se entiende para qué existe organización social, ni Estado. Y nadie puede invocar «obediencia debida» cuando se trata del asesinato, la tortura y la degradación del ser humano. Si algo enseñaron los tribunales levantados después de la Segunda Guerra Mundial, fue que el hombre de armas tiene responsabilidades como ser humano, aún en la situación-límite del conflicto bélico.
A este punto podrá preguntarse: ¿no es el ejercito una institución cuya preparación, disciplina y equipamiento lo convierte en factor primario de destrucción? Respondemos que así están montadas las cosas desde mucho tiempo antes de la situación actual y que, independientemente de la aversión que sentimos por toda forma de violencia, no podemos plantear desarmes unilaterales capaces de crear vacíos que serían llenados por otras fuerzas agresivas como hemos mencionado anteriormente al referirnos a los ataques realizados a países indefensos. Son las mismas Fuerzas Armadas las que tienen una importante misión que cumplir en la dirección del desarme proporcional y progresivo inspirando a los camaradas de otros países en distintas partes del mundo, insuflando un espíritu humanista a quienes quieran escucharlas y dejando en claro que, en ese espíritu, la función castrense es la de evitar catástrofes y servidumbres mayores inspiradas por poderes que no cumplen con sus declaraciones humanitarias. Entonces, el mayor servicio que los guerreros podrán aportar a sus países y a toda la humanidad será la de evitar que existan las guerras.
Quisiera volver sobre el tema de la responsabilidad militar, por medio de una ejemplificación inversa.
Durante la época de la Guerra Fría se repetía en Occidente un doble mensaje: por una parte, la NATO y otros bloques se establecían para sostener un estilo de vida amenazado por el Comunismo soviético y, ocasionalmente, chino. Por otra, se emprendían acciones militares en áreas distantes para proteger los «intereses» de las potencias. En América Latina, el golpe de estado dado por los ejércitos de la zona, tenía preferencias por la amenaza de la subversión interior. Las Fuerzas Armadas allí, dejaban de responder al poder político y se alzaban contra todo Derecho y toda Constitución. Prácticamente, todo un continente se encontraba militarizado respondiendo a la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional». La secuela de muerte y atraso que dejaron tras de sí esas dictaduras fue singularmente justificada a través de la cadena de mandos con la idea de la «obediencia debida». Mediante ella se explicó que en la disciplina castrense se siguen las ordenes de la jefatura inmediata. Este planteamiento, que hace recordar las justificaciones de los genocidas del nazismo, es un punto que debe ser considerado a la hora de discutir los límites de la disciplina castrense.
Nuestro punto de vista respecto a este particular, como ya hemos insinuado, es que si el ejército rompe la dependencia del poder político, se constituye en una fuerza irregular, en una banda armada fuera de la ley. Este punto es claro y solo admite una excepción: el alzamiento militar contra un poder político establecido ilegalmente o que se ha puesto en situación facciosa. Las Fuerzas Armadas no pueden invocar «obediencia debida» a un poder ilegal porque se convierten en sostenedoras de esa irregularidad, ni tampoco pueden producir el golpe militar escapando a la función de cumplir con el mandato popular. Esto en lo que hace al orden interno y, en relación al hecho bélico internacional, no pueden atentar contra la población civil del país enemigo.
En orden al reclutamiento de los ciudadanos, nuestro punto de vista es favorable a la sustitución del servicio militar obligatorio por el servicio militar optativo, sistema éste que permitirá una mayor capacitación del soldado profesional. Pero a esa reducción de tropas corresponderá también una reducción importante del personal de cuadros, y del personal de jefatura. Y es claro que no se efectuará una reestructuración adecuada sin atender a los problemas personales y familiares que esto habrá de acarrear. El nuevo emplazamiento laboral, geográfico, y de inserción social de esos contingentes será adecuado si se mantiene una relación militar flexible durante el tiempo de reubicación.
En cuanto a la reestructuración que hoy tiene lugar en distintas partes del mundo, debe tenerse en cuenta primariamente el modelo de país en el que se efectúa. Naturalmente, un sistema unitario tiene características diferentes al de uno federativo, o al de distintos países que están confluyendo en una comunidad regional. Nuestro punto de vista, favorable al sistema federativo y abierto a la confederación regional requiere, para el diseño correcto de la reestructuración, compromisos sólidos y permanentes que permitan continuidad en el proyecto. Si no existe una voluntad clara de las partes en esta dirección, la reestructuración no será posible porque en primer término el aporte económico de las partes estará sometido a vaivenes políticos ocasionales. Las tropas federales no podrán existir y, simplemente, los contingentes militares serán la sumatoria del potencial de cada comunidad que forma parte de la federación. Esto traerá también problemas de mando unificado de difícil solución. En definitiva, será la orientación política quien tendrá que dar las pautas y, en tal situación, las fuerzas armadas particulares requerirán una muy precisa conducción.
Un problema de relativa importancia es el referido a ciertos aspectos de los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad, si no son militarizados actúan en relación al orden interno y con referencia a la protección de los ciudadanos aunque, habitualmente, están involucrados en operaciones de control muy alejadas al fin para el que han sido creados. El organigrama en el que se inscriben en muchos países los hace depender directamente de los ministerios políticos, tales como el Ministerio del Interior, diferente al Ministerio de la Guerra o de Defensa. Por otra parte, las policías entendidas como servidoras de la ciudadanía y dispuestas para que se cumpla con un orden jurídico no lesivo para los habitantes de un país, tienen un carácter accesorio y bajo jurisdicción del poder judicial. Pero, a menudo, por su carácter de fuerza pública realizan operaciones que ante los ojos de la ciudadanía las hace aparecer como fuerzas militares. Claramente se percibe la inconveniencia de tal confusión y es de interés de las Fuerzas Armadas que estas distinciones queden claras. Otro tanto ocurre con distintos organismos del Estado que manejan cuerpos secretos y de informaciones, imbricados y superpuestos, que tampoco tienen que ver con el régimen castrense. Los ejércitos requieren de un adecuado sistema de informaciones que le permitan operar con eficiencia y que en nada se parecen a mecanismos de control y seguimiento de la ciudadanía porque su función hace a la seguridad de la Nación y no al beneplácito o la reprobación ideológica del gobierno de turno.
Se habrá observado que no hemos rozado asuntos relativos a estrategia ni doctrina militar como tampoco cuestiones de tecnología y organización castrense. No podría ser de otro modo. Son los especialistas en estos temas quienes tienen la palabra. Nosotros hemos opinado desde el punto de vista Humanista respecto a las Fuerzas Armadas relacionadas con el poder político y con la sociedad. Es la gente de armas la que tiene por delante un enorme trabajo teorético y de implementación práctica para adaptar esquemas a este momento tan especial que esta viviendo el mundo. La opinión de la sociedad y el genuino interés de las Fuerzas Armadas por conocer esa opinión, aunque no sea especializada, es de fundamental importancia. Esta relación viva entre miembros de ejércitos de distintos países y la discusión franca con personalidades civiles internacionales, es un primer paso en orden al reconocimiento de la pluralidad de los puntos de vista. La actual conferencia que se desarrolla en Moscú en estos días, parece confirmarlo.